El medium de Milei y la semana que pone a prueba el estilo libertario

El medium, le dicen. Un cigarrillo -apagado- en la comisura derecha de la boca, camisa arremangada, tatuajes y una actitud displicente, Santiago Caputo se instaló en el despacho de Martín Menem y se convirtió, en un pestañeo, en el único enlace sólido que la política encontró para llegar a Javier Milei. A pesar de la primera mala impresión -que un memorioso comparó con Antonito De la Rúa, hijo del fallecido expresidente radical- luego con buenos modos y buen trato, Caputo consiguió empatizar con los negociadores del Congreso, lobos de la rosca y la sobremesa.

Caputo, el estratega que el libertario presentó como arquitecto de su triunfo, lo logró con poco: un diálogo amable y la instalación, que se verificará con las horas, de que lo que se conversa con él llegará hasta Milei. Sus interlocutores, que lo vieron anotar cada sugerencia o planteo, lo identifican como la figura que puede mediar entre las fuerzas del cielo y las fuerzas de la política, las terrenales. Ni Menem, eficaz anfitrión que garantizó Coca Zero y maní para los invitados que pasaron por su despacho, ni Guillermo Francos, generan esa sensación. A los ojos del Congreso, Menem y Francos están flacos de poder real.

La intervención de Caputo permite proyectar una dinámica presidencial: su presencia en una negociación determinante es vista como un reflejo del sistema cerrado de Milei, para la mayoría inaccesible, que puso un delegado propio en la paritaria con los opositores amigables. “Caputo está acá para que Milei tenga certeza de lo que la oposición pide, no quiere que nos caminen”, advierte un legislador y teoriza que la desconfianza presidencial alcanza, incluso, a Menem y Francos.

Cerrazón

En Casa Rosada admiten que la cerrazón presidencial es la regla, que el presidente tiene una cantidad enorme de pedidos de audiencia que no concede ni responde. Milei chatea, en persona, con periodistas y empresarios, y se saltea los formalismos. Fue así que invitó a Paolo Rocca, de Techint, y cuando circuló el dato desde Seguridad le indicaron que eso requiere cierto protocolo sobre ingresos y medidas de seguridad. “Estábamos chateando y le dije que pase”, se justificó.

“Javier se aburre en las reuniones: prefiere estar leyendo y mirando datos”, cuentan en Rosada. Esa tarea la despliega, más formal, el secretario de Medios, Eduardo Serenellini, amigo de Milei, que parece cumplir parte de los oficios del jefe de Gabinete en cuando al diálogo con distintos sectores y actores, y luego derivar los temas a cada ministerio. Un formato, sino anárquico al menos inusual, donde los roles y oficios están mezclados.

En esa área del gobierno se prepara un contrafuego contra el paro del 24-E. La táctica consistirá en poner en escena, frente al previsible anuncio de la CGT de que la huelga tiene acatamiento masivo, vocerías y datos que contradigan eso. Lo que puede ser más difícil de camuflar, para los organizadores y para el gobierno, es la dimensión de la movilización al Congreso que, según dicen en el peronismo y en algunos despachos opositores, puede -en caso que sea realmente imponente- condicionar el comportamiento de los diputados. Eso planteó Héctor Daer.

Sin poder de bloqueo en el Congreso, el peronismo terminó por abrazar la protesta de la CGT como mejor instrumento político aunque por debajo las tensiones abunden. En las próximas horas podría reaparecer en el menú la propuesta, motorizada por un puñado de gobernadores, para reinstaurar el impuesto a las Ganancias, aquella reforma que se hizo en tiempos de Sergio Massa y que, en otro episodio de la novela de rispideces del FdT, nunca se compensó. El plan para que se apure el tratamiento de la coparticipación del Impuesto al Cheque requería que lo mande el Ejecutivo, algo que en el limbo de la derrota Alberto Fernández no hizo.

Es, sin embargo, un problema que excede a las provincias peronistas. El impuestazo de Luis “Toto” Caputo sube retenciones e impuesto PAIS, dos tributos que no se coparticipan a las provincias, que deberían mandar a sus diputados a levantar la mano a favor de una medida que daña sus economías locales -y enfurece a los productores- y no regresa en recursos para los gobiernos locales. “Milei dijo que se cortaría la mano antes de subir impuestos, entonces manda un proyecto para que la suba de retenciones lo tengamos que votar nosotros”, se quejó un referente del PRO. En el bloque de legisladores provinciales, dicen que las retenciones tal como están son “invotables”.

Una molestia cruza al macrismo, y tiene epicentro en el propio Mauricio Macri, por el trato indolente de Milei a sus diputados y dirigentes. No solo porque trata al bloque del PRO como un subloque libertario, con voto pero sin voz, sino por el maltrato. Diego Santilli, uno de los legisladores que con más énfasis defiende a Milei, fue invitado por Nicolás Posse y fue a verlo con la peregrina idea de que se abriría, así, un diálogo. No: Posse lo convocó para decirle que José Luis Acevedo, un funcionario cercano a Santilli que estaría al frente de Corredores Viales, finalmente no quedaría en ese cargo. “Capaz si era massista, quedaba”, se quejó un dirigente.

El socio

A Macri, más allá de su vínculo sinuoso con Santilli, esos gestos lo inquietan porque lo entiende como un destrato a su espacio. Recluido en el sur, el expresidente anota reproches para cuando, está seguro, Milei lo convoque necesitado de recomponer la gobernabilidad, ocasión en la que el expresidente supone que habrá un proceso de fusión entre el PRO y LLA, donde él tendrá alto protagonismo. Es lo que temen en el peronismo: que la deriva de su gobierno arrastre a Milei a los brazos de Macri y la cierta paz de los exfuncionarios se termine.

Macri permite que se dé por hecho que el 2 de junio se convertirá en presidente del PRO. Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño, es uno de los promotores de ese desembarco. El primo, a diferencia de Horacio Rodríguez Larreta, cree que la reconfiguración del PRO se debe hacer con Mauricio adentro. El porteño es uno de los pocos jefes territoriales que tiene teléfono abierto y fluido con Milei. Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, es otro de los que tiene algún vínculo, pero son los menos. “Se aburre”, repiten a su lado.

Con quien no tiene, hasta acá, previsto ningún diálogo es con Axel Kicillof, el gobernador bonaerense. “Lo odia, lo detesta”, apuntan en el Gobierno y dan por hecho algo que a simple vista suena extraño: que no hay, ni habrá, diálogo de primer nivel y directo entre el Presidente y el gobernador de la provincia más importante del país. Esa negativa se invoca en momentos en que Milei se considera imbatible e ignora un viejo precepto de la política: si se incendia la provincia de Buenos Aires, las llamas llegan inevitablemente a la Casa Rosada.

Milei terceriza, como en otros aspectos, las relaciones. El vínculo con Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, opera a través de Patricia Bullrich, la ministra que hasta acá le ofreció la mayor victoria pública: en el balance de su mes de gestión la medida que mayores niveles de respaldo generó fue el protocolo antipiquete. Para Pullaro, Bullrich es imprescindible frente al problema narco. A la ministra no le gusta, en particular, que Pullaro visibilice en exceso las amenazas que recibe, no solo porque le hace un favor a los que lo amenazan al amplificarlas, sino porque es algo muy habitual en los funcionarios. “A Patricia la amenazan todos los días y nunca lo dice”, aseguran en su entorno. 

La séptima semana

Tras su paso por Davos, con todas las extravagancias que reivindican en el gobierno, Milei enfrentará su séptima semana en el poder que puede ser clave en varios frentes. Por el paro de la CGT, que unificó a todos los peronismos y a las izquierdas, pero también por el tratamiento de la ley Ómnibus -cuyo desenlace se prevé pero es incierto- y la intriga respecto del comportamiento del mercado, que en los últimos días disparó la suba de los dólares no oficiales, tanto los financieros como el blue.

En el PRO, en busca de una guía, le pidieron una referencia a Hernán Lacunza. Para el exministro la brecha es razonable para el actual estado del programa de Milei donde las “buenas intenciones van más rápido que las concreciones”, que fueron, hasta acá, “más modestas”. Lacunza puso el foco en “lo que defina el Congreso y lo que hagan los gobernadores, porque va a influir hacia arriba y hacia abajo” y agregó que también impactarán sobre el mercado el “paro y la calle”. Lacunza, un economista que no saca del radar el factor político, usó una frase: “La economía propone, la política decide”.

En el ecosistema de las consultoras proyectan una inflación de entre 20 y 25 puntos para enero y entienden, en línea con Lacunza, que la brecha en el orden del 50% es razonable aunque observan que el gobierno sobreestimó el efecto de la baja de la tasa. El interrogante es, a su vez, cuánto puede soportar Milei la potencial presión de sectores exportadores por una nueva devaluación si la inflación, con su inercia, se mantiene en estos niveles. En Rosada ven ese escenario y sostienen que el plan de Milei es que una eventual devaluación vaya atada a una apertura del cepo al dólar.

La Corte Suprema es otro actor que mira el proceso con atención, en particular cómo se desarrolla la negociación por las leyes y el volumen e impacto del paro. Entre los cortesanos, como contó elDiarioAR hace tres semanas, generó alguna inquietud entrar a la feria de verano sin precisiones sobre quien será el delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, demora que no tiene efecto instrumental -ese organismo funciona y funcionará sin ese consejero- pero sí simbólico respecto de las prioridades que expresa el Gobierno. “Rosatti se quedó en la feria para adelantar trabajo y no hubo novedades a pesar de que el ministro (Mariano Cúneo Libarona) da una entrevista en medios cada 48 horas”, deslizan en Tribunales desde donde le disparan a Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, por haber recurrido a la Corte contra el DNU cuando un año atrás objetó la intervención del tribunal frente a una decisión del Ejecutivo, lo mismo que ahora reclama. El dato concreto es uno: la Corte no se meterá a resolver sobre el DNU o la ley ómnibus mientras el tema forme parte del debate legislativo y político. Más simple: el tribunal solo intervendrá una vez que la instancia política, para bien o para mal, haya intervenido y resuelto.

La objeción a Quintela no supone, sin embargo, una objeción a la demanda contra el DNU. Vilma Ibarra, ex secretaria de Legal y Técnica del FdT, una funcionaria muy respetada en el universo de la política, puso la lupa hace semanas en un dato que se verificó en las últimas horas: la redacción del DNU no respetó disposiciones del procedimiento que, dice Ibarra, son causales de nulidad del DNU. Se constató, por caso, que no hay informes ni dictámenes técnicos y que, al menos hasta el 10 de enero, Federico Sturzenegger, presentado como ideólogo y redactor del texto, no era funcionario. Ambos aspectos alimentan la tesis de que el insumo para la confección del DNU fue aportada por estudios privados, lo que supone una notoria incompatibilidad.

El modo de conducción de Milei, al menos con respecto a sus mecanismos, aparece como un problema crítico. Según la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, la valoración del presidente cayó 6 puntos en comparación con diciembre. El director del estudio, Diego Reynoso, consideró que además de las medidas en sí, la caída tuvo que ver con “la forma de que implementó el DNU y envió la ley, con la forma autocrática de concebir el poder”.

PI/DTC