Misiones: manifestantes ingresaron al Ministerio de Salud y la Justicia exige la entrega de móviles policiales

El conflicto salarial entre los trabajadores estatales misioneros y el gobierno de Hugo Passalacqua parece estar lejos de llegar a su fin. Este miércoles, en el sexto día de reclamo multisectorial, un importante grupo de médicos y enfermeros irrumpieron en el edificio del Ministerio de Salud provincial para exigir una nueva mesa de diálogo con el titular de la cartera, Héctor González, y el ministro de Hacienda local, Adolfo Safrán, en disconformidad con el acuerdo de un 28% de aumento salarial firmado ayer por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y las autoridades provinciales.

“Nosotros exigimos un 100% de aumento para recuperar la pérdida del valor adquisitivo que dejó la inflación en los últimos meses”, sostuvo el dirigente gremial y referente de la protesta, Jorge “Koki” Duarte, en diálogo con La Voz de Misiones. El gremialista aseguró que “el acta viola la carrera sanitaria” por algunos de los aspectos que se plantea en cuanto al “pase a planta permanente después de dos años de contrato”.

El personal de salud es apenas uno de los sectores que están movilizados en Misiones para exigir una recomposición en sus ingresos. Efectivos de la policía y docentes están a la cabeza de los reclamos, con un acampe en las inmediaciones del Comando Radioeléctrico de Posadas, convertido desde el viernes en el epicentro de las protestas. Todo exigen un aumento del 100%, porcentaje alejado hasta el momento de lo ofertado por el oficialismo provincial encabezado hace dos décadas por el Frente Renovador de la Concordia que lidera el exgobernador Carlos Rovira.

Tras cinco días de marcado hermetismo, a última hora de este martes, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, hizo las veces de vocero y concedió una conferencia de prensa en la que sostuvo que el incremento salarial establecido para la administración pública misionera implica “un esfuerzo enorme” para las arcas de la provincia, que ya otorgó tres aumentos en los últimos cuatro meses. “Es lo que se puede dar”, enfatizó el ministro, sin precisar porcentajes. Y detalló que para afrontar el gasto que implica esa suba, se dejarán de hacer hospitales y obras de asfalto que ya estaban planificadas.

“Trabajamos para que haya paz social y orden. No creo que Misiones se esté incendiando realmente. Hoy he recorrido la ciudad como lo hacemos muchos de ustedes y la ciudad sigue caminando, sigue trabajando”, añadió el ministro Pérez, en respuesta a los dichos del vocero policial, quien el lunes había sostenido durante una de sus intervenciones que, si no hay un arreglo, la provincia “se va a incendiar”.

Ayer también se supo que la Justicia libró un oficio para recuperar los patrulleros y móviles oficiales que están ubicados dentro del perímetro de la concentración, que se extiende a lo largo de más de cuatro cuadras sobre la avenida Uruguay de la capital provincial. “No somos delincuentes. Si quieren los autos, que vengan a buscar”, desafió este martes el vocero Amarilla, al tomar el micrófono ante los manifestantes.

Los policías decidieron continuar con la protesta, pese a que el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción N°6 de Posadas, ordenó que sean entregados los 18 vehículos. “Hemos expresado oportunamente al doctor Balor, que los vehículos están a disposición de la Jefatura de Policía”, sostuvo, por su parte, Germán Palavecino, otro de los voceros del reclamo policial.

En ese sentido, Palavecino insistió que no se trataría de una “entrega” ya que sostiene que ningún momento los secuestraron. “Que traigan a la persona calificada para conducir esos vehículos y que los lleven. Nosotros somos auxiliares de justicia, nuestro primer compromiso es con la sociedad y en esos términos nos hemos presentado”, apuntó.

Durante su conferencia de prensa de este martes por la noche, el ministro Pérez aclaró que, si bien el reclamo policial se mantiene en pie, “el servicio de seguridad está garantizado en la provincia”. Y que agregó que “está bien protestar, es un derecho constitucional, pero es incorrecto hacerlo de una manera ilegal y legítima y apoderándose de bienes de todos los misioneros”. 

La postura de Pérez coincide con la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que durante una entrevista televisiva sostuvo que “la policía no puede ser piquetera”. “No se pueden robar patrulleros ni autos de criminalística. Es inadmisible. Por eso enviamos fuerzas federales”, indicó la dirigente, en referencia a la decisión tomada el sábado por el comité de crisis conformado por el autoridades provinciales y del Ministerio de Seguridad de la Nación. El domingo por la mañana llegaron gendarmes y prefectos a las inmediaciones del Comando Radioeléctrico, lo que generó algunas escenas de violencia. Finalmente, la opción represiva fue descartada y el gobierno provincial volvió a abrir la mesa de diálogo.

PL/DTC