Sturzenegger presentó su ley Hojarasca para derogar otras 63 leyes que el Gobierno considera “obsoletas”

 “Obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores” o “temas de escasa relevancia”. Con esos argumento, el Gobierno Nacional presentó hoy el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar leyes que desde su óptica “limitan las libertades” de los ciudadanos o “trámites inútiles que incrementan o generan costos”.

Muchas de ellas fueron aprobadas durante gobiernos militares, como una del período de  Alejandro Lanusse que obligaba a difundir determinado tipo de música, y también en períodos democráticos, como la ley de 1974 que establecía el carnet del mochilero.Se trata de un conjunto de 63 leyes, además de artículos de otras cinco, que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que“limitan la libertad individual y que restringen el derecho de propiedad” y provocaron “costos inútiles para los contribuyentes”. Son, según detalla el proyecto, “normas que contribuyeron a la decadencia de la Argentina en el pasado”.

Según el ministro, quien en su cuenta de X anunció el envío al Congreso de la llamada ley Hojarasca, la iniciativa “promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país”. En rigor, la mayor parte de las leyes no se aplican en la práctica.

La ley consta de nueve artículos con un listado de un conjunto de seis tipos de leyes que se pretenden dejar sin efecto, figuran en primer lugar leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas.

“Los derechos no requieren leyes. Nuestra Constitución Nacional establece una serie de derechos fundamentales que son inherentes a las personas”, dice el texto entre sus argumentos, y agrega que “lamentablemente, las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho”.

La ley Hojarasca es uno de los principales proyectos de Sturzenegger, quien viene impulsando la idea desde el comienzo de la gestión libertaria.

El proyecto –que ya fue enviado al Congreso– incluye también una ley del Gobierno de Juan Domingo Perón que “impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país”, o la ley 18312 del Gobierno militar de Juan Carlos Onganía que “el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario”.  

Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal”.   

Otra de las que se deroga es la ley 20959 del gobierno de Isabel Perón por el cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento que, para Sturzenegger, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”. 

También se intenta eliminar la ley 20983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

Según un gráfico compartido, las leyes a derogar se distribuyen de la siguiente manera:

Con información de Noticias Argentinas y Parlamentario.