El Congreso revierte el deterioro de los fondos universitarios, pero sólo de manera temporal

En la madrugada de hoy, el Senado de la Nación convirtió en Ley la iniciativa que apunta a garantizar el financiamiento para las Universidades Nacionales de todo el país. Sin embargo, es una posibilidad que el presidente Javier Milei ejerza el veto, del mismo modo que lo hizo con la mejora en los haberes jubilatorios.

Esta Ley se enmarca en una situación excepcional del 2024: no se sancionó el presupuesto correspondiente sino que el nuevo gobierno decidió prorrogar el vigente en 2023, para poder disponer discrecionalmente de los recursos públicos. Como parte de esa discrecionalidad, el Poder Ejecutivo decidió desfinanciar significativamente a las universidades: en los primeros siete meses de 2024, las casas de estudio recibieron 34% menos de recursos en términos reales que en el mismo período de 2023.

Ese ajuste se basó principalmente en la licuación de los salarios docentes y no docentes: en lo que va de 2024, el poder adquisitivo de los sueldos se derrumbó 25% con respecto a noviembre de 2023. Es decir, perdieron un cuarto de su capacidad de compra. 

En peor situación se encuentran quienes poseen categorías más bajas: desde diciembre no se actualiza la garantía salarial docente, ese piso mínimo para quien ingresa a dictar clases, que continúa en $125.000 netos en la dedicación simple, $250.000 en la semi exclusiva y $500.000 en la exclusiva.

Al igual que ocurre con el congelamiento del bono de $70.000 para los haberes previsionales, la garantía salarial docente se encuentra totalmente licuada desde diciembre a esta parte. Como consecuencia, quienes estaban alcanzados por este piso, sufrieron un recorte mayor de sus salarios. Por caso, un Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple sin antigüedad, perdió desde noviembre a esta parte un 34% de su poder adquisitivo.

Es en este marco, el Poder Legislativo sanciona un proyecto para revertir esa situación de manera temporal. Es decir, su alcance se limita al año 2024 en el cual no hay presupuesto sancionado sino que el Ejecutivo dispuso una prórroga del año anterior. En este punto, hay que recordar que la propia Constitución Nacional establece en su artículo 75 inciso 8 que es atribución del Congreso de la Nación fijar el presupuesto de gastos de la administración nacional. Es en uso de esa atribución que este proyecto se convirtió en Ley.

¿En qué consiste la Ley? Establece una actualización de las partidas presupuestarias para las universidades. En lo que refiere a los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios, incentivos a la ciencia y a la técnica y actividades de extensión, el aumento toma en consideración la inflación de 2023, y luego actualiza bimestralmente, también por inflación (descontando los incrementos que ya se hayan efectivizado de manera discrecional por el Ejecutivo).

En el caso de los salarios, tanto docentes como no docentes, la recomposición se debe calcular en función de la inflación acumulada desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la Ley. Según los datos publicados por Indec, hasta agosto inclusive, el IPC fue de 144%. Los aumentos otorgados hasta septiembre ascienden a 89,5% (incluyendo septiembre), por ende, los salarios deberían incrementarse 29% si Milei no veta la ley sancionada. A su vez, hacia adelante, debieran aumentarse de manera mensual en función del índice de inflación de dos meses atrás (de igual manera que el Decreto dictado por el presidente para actualizar las jubilaciones). 

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el gasto correspondiente (considerando que la Ley se sancionaba en agosto) en 0,14% del PBI, unos $739.000 millones. Este monto resulta muy inferior al que el Estado dejará de recaudar por reducir la alícuota del impuesto PAIS (que el propio gobierno había aumentado al asumir en diciembre). En septiembre representará una pérdida de recaudación de $400.000 millones. Es decir, con dos meses de recaudación, alcanzaría y sobraría para abonar la recomposición a las universidades. 

Una vez más, se trata de prioridades. Plata hay, lo que no hay es una decisión de impulsar la educación pública, gratuita y de calidad.