Aparecer a los desaparecidos: la nueva política de DDHH del presidente Gabriel Boric

El 11 de septiembre de 1973, las FFAA bombardearon el Palacio de la Moneda, derrocaron el gobierno democrático del presidente socialista Salvador Allende e impusieron el régimen encabezado por el general Augusto Pinochet, responsable de la desaparición de 1469 personas. Hasta ahora, solo 307 han sido halladas e identificadas.

Según investigaciones de diferentes instancias, al menos 3.200 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante esos 17 años. De ese total, se estima que las víctimas de desaparición forzada podrían ser unas 1.469 personas, de las cuales 1.092 corresponderían a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados políticos sin entrega de cuerpos, precisando que se ha llegado a estimar sin certeza esa cantidad de víctimas. 

Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia

“La justicia ha tardado demasiado”, declaró el primer mandatario en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto, en la que firmó junto con el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero,  el decreto presidencial que oficializa la instauración del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justica. “Esto no es un favor a las familias, es un deber con la sociedad entera en entregar la respuesta que el país merece y necesita”, agregó el presidente Boric.  Por su parte, el ministro Cordero reconoció que  “el Estado los apartó de sus familias y es el Estado el que se tiene que hacer responsable de la reparación, sancionar a los responsables y sostener la búsqueda”.

El decreto representa la primera vez desde el final del régimen de Pinochet que el gobierno chileno intenta encontrar a los desaparecidos, un esfuerzo que hasta ahora había recaído en gran medida en los familiares sobrevivientes, en su mayoría mujeres que protestaron, hicieron huelgas de hambre y llevaron sus casos a los tribunales. Solo a través de estos casos judiciales se han identificado algunos de los sitios de entierro.

 Otros países sudamericanos que fueron gobernados por regímenes militares en las décadas de 1970 y 1980 han tenido un éxito desigual en la recuperación de los restos de sus desaparecidos. Los equipos forenses de Argentina recuperaron más de 1400 cadáveres o restos e identificaron a 800 de ellos. En Brasil, los esfuerzos por encontrar a 210 personas desaparecidas han tenido escasos resultados. El organismo del Paraguay encargado de encontrar e identificar a sus 336 desaparecidos solo ha conseguido los restos de 34 personas

El plan centralizará y digitalizará los enormes volúmenes de expedientes  judiciales y otros archivos que están dispersos en organismos gubernamentales y organizaciones de DDHH, y utilizará un software especial para cruzar la información. También financiará la exploración de lugares donde puedan estar enterradas víctimas, o donde las excavaciones lleven años pendientes or falta de financiamiento.

Un oscuro día de justicia y las sombras largas de años de injusticia

Durante décadas, el sistema judicial chileno estuvo paralizado por la Ley de Amnistía de los años del régimen de Pinochet que impedía procesar a los responsables de abusos contra los DDHH cometidos entre 1973 y 1978.  En el 2000, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, el Poder Judicial dejó de usarla para desestimar casos, y se nombraron jueces especiales para investigar estos crímenes. Hasta enero de 2023, la Corte Suprema de Justicia  ha dictado unas 640 sentencias, enviando a prisión a cientos de personas, y cuenta con 17 jueces dedicados exclusivamente a cerca de 1500 casos.

Las familias de las víctimas tardaron años en reconocer que los desaparecidos nunca volverían. “La idea de la muerte va entrando de a poco”, asegura María Luisa Ortíz, jefa de colecciones e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) en la ciudad capital de Santiago. Su padre, Fernando Ortíz, profesor universitario de 50 años, fue secuestrado en 1976. Tras una redada, lo juntaron con otros dirigentes comunistas de Chile y lo enviaron a un centro de tortura tan secreto que durante tres décadas nadie supo de su existencia. En el 2012, 36 años después de su secuestro y desaparición, su familia recibió sus restos. Cinco fragmentos de huesos en una caja.

Límites y renovaciones, créditos y débitos, tráficos y descubrimientos

Las familias saben que las probabilidades de encontrar a los desaparecidos son escasas.Del  centro clandestino Simón Bolívar, una casona ubicada en una zona rural al este de la capital que estaba a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional del régimen (DINA) nadie salió vivo. No hubo testigos ni sobrevivientes que aclararan el destino de los detenidos. Durante décadas, solo hubo un silencio ensordecedor. No fue el único centro. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura constató, en el llamado Informe Valech (por monseñor Sergio Valech, que la presidió), que hubo un total de 1.132 recintos usados como lugares de detención y tortura a lo largo de la loca geografía del país.

En 1978, se descubrieron los restos de 15 desaparecidos en una mina cal abandonada en el sector de Lonquén, al poniente de la Región Metropolitana. Se trataba de los restos de 15 hombres fusilados el 7 de octubre de 1973, por ocho carabineros de la Tenencia Isla de Maipo. Pese a que los hechos y las identidades tardarían años en ser acreditados, el descubrimiento signó  al régimen militar: en el país se estaban violando los DDHH y quienes estaban a cargo, en la mayoría de los casos, eran agentes del Estado.

El general Pinochet ordenó a los militares exhumar a cientos de víctimas enterradas en secreto por todo el país y deshacerse de ellas definitivamente. Los cuerpos fueron arrojados al océano o a los volcanes. Otros fueron explotados o incinerados. La mayor parte de lo que se ha descubierto son fragmentos de huesos, dientes y jirones o pedazos de ropa.

El Plan Nacional en marcha: crímenes sin olvido, ni perdón, ¿ni castigo?

Los expertos forenses han empezado a excavar nuevos sitios. El poder judicial ha empezado a digitalizar sus archivos de DDHH. Marisol Prado, la nueva directora del Servicio Médico Legal (SML) de Chile, que conserva 896 muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos, espera revertir la negligencia del pasado.

A mediados de la década de los ’90  la morgue identificó erróneamente 48 de los 96 restos descubiertos en fosas comunes de Santiago y admitió el error una década después. Por otra parte, no fue sino hasta este año que las familias de las víctimas se enteraron de que 89 cajas de cartón con restos recuperados en las excavaciones de 2001 llevaban más de dos décadas escondidas en el sótano de la Universidad de Chile, sin ser analizadas. Este año, informó el ministro Cordero, las cajas se organizaron y clasificaron, y parte de su contenido se ha enviado a laboratorios extranjeros.

Aún con la importancia histórica que reviste el  proyecto de Boric no se logrado hasta el momento la  información de las FFAA o de los militares que cumplen condena. Solo unos pocos agentes condenados, que enfrentan enfermedades terminales o están en su lecho de muerte han proporcionado nuevos datos, informó  Cordero.

 “El plan nos tiene que permitir tener información sobre los responsables” reclama  la diputada Lorena Pizarro, hija de un dirigente comunista secuestrado en 1976 y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “¿Y quién tiene la información? Tenemos que hacernos cargo de que en las Fuerzas Armadas está la información, y ya está bueno de decir que no existe”.

Las FFAA nunca han entregado sus archivos de la época de la dictadura que aseguran que ya no existen. Algunos, convertidos a microfilm en la década de 197O fueron incinerados en el 2000. Los militares solo proporcionan datos específicos a los tribunales cuando se les solicita, pero no se ha tomado ninguna medida para recuperar todos sus archivos. Nelson Caucoto, un abogado de DDHH que ha trabajado en cientos de casos, cree que la clave está en acercarse a antiguos agentes de bajo rango, reclutas y colaboradores civiles. Es posible que no sepan los nombres de las personas que mataron, dice, pero sí pueden recordar dónde las enterraron.

Muchas millas que marchar antes de dormir

El proceso de búsqueda e identificación de las víctimas ha de llevar llevar muchos años, según nada invita a descreer. En 2001, el Ejército chileno reveló información que condujo a excavaciones en pozo de una mina en Cuesta Barriga, una zona montañosa al oeste de la capital. Las excavaciones que duraron 90 días permitieron encontrar fragmentos de restos.

En 2006, un guardia de la DINA del cuartel Simón Bolívar reveló la existencia del centro clandestino y describió las torturas que allí sufrieron los prisioneros y cómo los restos eran arrojados a Cuesta Barriga o desde helicópteros al océano. Pasaron 12 años hasta que se identificaron los casi 200 fragmentos óseos y pedacitos de ropa encontrados en Cuesta Barriga. El proceso judicial tardó aún más. En junio, 47 años después de las desapariciones, la Corte Suprema de Chile emitió su fallo definitivo: hasta 20 años de prisión para 37 agentes del cuartel Simón Bolívar.

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