Paraguay, la vieja política de siempre y el narco mafioso: dos destituciones ministeriales y un presidente denunciado que reacciona

El presidente de Paraguay, el colorado Mario Abdo Benítez, destituyó el último martes de febrero a su ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, después de que se conoció su contacto con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, el narcotraficante detenido el pasado 17 de febrero en Foz de Iguazú, en el marco del operativo internacional Turf con apoyo de la Agencia Antidrogas de los EEUU (DEA) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Una semana después, se sumó la destitución de Joaquín Roa de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) seguida por las denuncias de la diputada liberal Celeste Amarilla que involucran al propio presidente de la República.

En su oportunidad, el jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernán Huttemann transmitió al periodismo  la decisión del primer mandataria de reemplazar al ex ministro Giuzzo sustentada en “la profunda convicción y necesidad de salvaguardar la legitimidad del Ministerio del Interior”.  

El hecho no es aislado, sino que constata la permanencia de la narcopolítica, una aritmética entre el poder y las drogas, en la República del Paraguay. Se remonta a los años ‘60 y ‘70, cuando políticos y militares del Partido Colorado durante  el gobierno del General Alfredo Stroessner  (1954-1989) junto a sus socios empresarios, manejaron las redes del tráfico de heroína, cocaína y marihuana, además del contrabando de armas, cigarrillos, whiskys, perfumes y electrónicos.   

Anteriomente, el contrabando estuvo concentrado al sector de materias primas llevado por grandes familias zonales. El cambio se produjo con la llegada de Luciene Darguelles, un ex colaboracionista de la Gestapo en Francia, quien con el nuevo nombre de Auguste Ricord  introdujo la heroína en Paraguay  y abrió  la ruta a EEUU.  El resultado fue muy favorable para un negocio que con la complicidad de los jerarcas militares –en ese momento la clase alta- produjo ingentes sumas de dinero.  La caída de Stroessner la noche del 2 y la aurora del 3 de febrero de 1989 por el levantamiento militar conocido como el Golpe de la Candelaria, dirigido por su consuegro el general Andrés Rodríguez, implicado en el narcotráfico significó el inicio a  una transición democrática donde la droga continuó su ascenso. “Con la democracia, la droga se democratizó”  ilustra el cineasta y periodista asunceno Juan Salinas, en su documental Paraguay. Droga y banana (2016) estrenado la ciudad capital de Asunción.   

Después del derrocamiento de Stroessner, se instauró un “nuevo orden” todos pudieron hablar y protestar y solo algunos pudieron prosperar. Al grupo de “empresarios exitosos” o “empresarios fraudulentos” que acumuló fortunas increíbles con el robo en la construcción de las empresas hidroeléctricas de Itaipú (Paraguay-Brasil) y Yacyretá (Paraguay-Argentina), se sumaron los narcotraficantes, contrabandistas y falsificadores de toda laya  que lavaron dinero a través de los bancos de Paraguay.  

Los dos sonados casos de remoción de ministros acaso muevan la opinión pública a favor de Mario Abdo Benítez, quien casi un año atrás fue interpelado duramente en la movilización ciudadana “Estoy para Marzo 2021”, o Tercer marzo paraguayo.

La demanda regional de cannabis, la creación de nuevas rutas terrestres desde la ciudad capital de Asunción hacia el Brasil y la inmigración brasileña a los departamentos nororientales propiciaron una geopolítica de las drogas de acuerdo a los conflictos surgidos por el control de territorios, sus recursos y las comunidades implicadas en su producción, acopio y distribución.  

En los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Amambay, Caagazú, Caazapá, Itapúa  y Concepción, todos fronterizos con Brasil, y el de San Pedro los narcotraficantes con absoluta impunidad integraron a su cadena de influencias autoridades locales (alcaldes, intendentes, diputados, policías, militares, funcionarios públicos) y empresas de transporte, de logística, financieras y aparatos de seguridad, además de una poderosa y oculta red de lavado de dinero. Aunque el país tiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina, en esos departamentos la realidad es muy otra.

En el 2021,  los 137 homicidios registrados en el departamento de Amambay, cuya capital es la ciudad Pedro Juan Caballero, conocida como la Sinaloa de Paraguay, representaron el 28 por ciento de los asesinatos del país, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Convivencia Ciudadana , adscrito al Ministerio del Interior- resultado de las rivalidades y enfrentamientos entre organizaciones brasileñas y locales y entre bandas brasileñas: una “guerra de narcos” latente que estalla de manera intermitente. El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), además de los Amigos dos Amigos (ADA) se reparten el territorio paraguayo con grupos locales en permanente disputa. No son los únicos que siembran amenaza y terrores:  el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una organización autodenominada marxista-leninista -que montó videos en YouTube uniformados haciendo proclamas- reivindica atentados, secuestros y amenazas, sin que ninguno de los grupos políticos o sociales de la izquierda paraguaya apoye sus acciones, entre ellas   la acusación por los asesinatos de dos niñas argentinas de 11 años.  

Según estimaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) el tráfico de cocaína  mueve unos 650.000 millones de dólares anuales,  sin gran mercado en el país por su costo elevado en un principio   pero que a partir de 2009 los intermediarios comenzaron a volcarla en el mercado interno por  tener mayor disponibilidad.  El “chespi”12 como es llamado el usuario de cocaínas fumables y de pasta base, indistintamente, tiene por territorio la calle asuncena y las periferias de las ciudades. Las exportaciones de cannabis aportan 709.5 millones de dólares; el 80 % de la marihuana se consume en las grandes ciudades brasileras y también abastece a Chile, Argentina y Uruguay. La suma de estas cifras se acerca al principal rubro lícito; los 1.594,2 millones de dólares en semillas de soja -ganancia para unos pocos y exclusión social del campesinado y de los pueblos originarios- que Paraguay vende al mundo.    

Paraguay, el mayor productor del cultivo de marihuana en la región, por su emplazamiento geográfico es centro cardinal para la distribución de la cocaína procedente de Bolivia, Colombia y Perú para los mercados de Brasil y Europa, y también a través de Uruguay.

La logística de este tráfico transnacional que exige trabajos de   producción, almacenamiento, procesamiento –a través de laboratorios clandestinos– y transporte nacional e internacional, de gran variedad y dimensión impone, sin excepción, el ejercicio de poder y la colaboración del Estado y de la sociedad, al menos parte de ella.

La existencia de áreas “privatizadas” por representantes estatales, que gracias a éstos son gestionadas y controladas por redes criminales de acuerdo con sus propias normas y criterios abonan una corrupción sistémica - “el virus político” como lo llamó el autor de El Dolor Paraguayo (1911), Rafael Barret- que no se encuentra limitado al narco; desde hace décadas, también el tráfico de armas ha integrado un comercio cuya existencia ya es familiar para la sociedad paraguaya: el viernes, media tonelada de armas de uso civil fueron confiscadas en el aeropuerto de Asunción.

 

Los idus de marzo

El presidente  Mario Abdo Benítez, “Marito”  para diferenciarse de su padre de igual nombre y alto funcionario del stronatto, cuando fue interrogado respecto a la continuidad de Giuzzo,  duramente cuestionado en las redes sociales por la ciudadanía, a raíz del tiroteo ocurrido el 31 de enero durante la celebración del multitudinario festival Ja`umina en la ciudad de San Bernadino, el principal centro veraniego del país,  que dejó como saldo dos muertos y ocho heridos, solo respondió que el pedido o las críticas son cuestiones políticas.

Giuzzo el 4 de febrero enfrentó una amenaza de juicio político a raíz de ese atentado que se consideró  un ajuste de cuentas entre narcos, con el objetivo de matar Rojas Mora, con orden de captura internacional y 34 procesos en Brasil y que en Paraguay actuaba como empresario ganadero.

A menos de un mes del luctuoso episodio, después de que se conocieran  los contactos de Giuzzio con el narcotraficante brasileño Marco Vinicius Spíndola Marqués de Padua  , el presidente  lo relevó del cargo. El ex Ministro explicó en Twitter cuando en 2021 recibió la visita de Marcos Vinicius  Spíndola Marqués de Padua en una unidad de la Agrupación Especializada de Policía Nacional de Paraguay , como “representante de la empresa Black Eagle” de equipos tácticos, no albergó sospecha alguna de acciones delictivas. Aclaró que en un viaje familiar a Brasil a causa de un desperfecto mecánico de su auto decidió volver a Ciudad del Este y alquilar otro de la empresa Ombu, propiedad de Vinicius.  El diario Última Hora reveló que le prestaron el auto por amistad.

El caso de Giuzzio y su contacto con el narco Vinicus , detenido en el operativo Turf  involucró el nombre del expresidente Horacio Cartes  (2013-2018) líder de la fracción Honor Colorado ,debido a que Lindomar Reges Furtado, otro de los buscados, huyó en una camioneta de la Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad de Cartes y el patrullero policial del operativo está registrado a nombre de la tabacalera del expresidente, a quien el 26 de enero Giuzzo acusó de lavado de dinero y vinculaciones con el tráfico de cigarrillos y droga.

Como réplica a esa imputación, los medios de comunicación del poderoso Grupo Cartes difundieron profusamente el vínculo entre el ex ministro y el narcotraficante Vinicius . En la estrategia de la denuncia de Cartes, la narcopolítica no refiere a vínculos entre el narco y el poder de estado sino que se circunscribe a los establecidos entre los actores políticos como un medio eficaz para desplazar a los adversarios y contrincantes que interfieran en fortalecimiento de cartismo dentro del Partido Colorado con el propósito de ganar la candidatura presidencial de su sector para las próximas elecciones de 2023.

En lo inmediato, la destitución del ex Ministro podría significar para Cartes , eventualmente, una pausa e incluso anulación del  proceso judicial por el origen de su acaudalado patrimonio. A la vez, debilita el poder del presidente Abbo, quien -una semana después de que Giuzzo cesara en su ejercicio ministerial - dio “por terminada” la gestión de Joaquín Roa hasta ese momento a cargo de la  Secretaría de Emergencia Nacional  después de que confirmó que adquirió el yate Antares en el 2018, incautado durante el operativo A Ultranza PY, a través de Alberto Koube, vinculado a la empresa Tapyracuai, uno de los detenidos en el marco de los operativos contra el crimen organizado. Roa es el segundo integrante del gabinete cesado del cargo.

En el marco de la operación antinarcotráfico A Ultranza Py , que lleva 7 personas detenidas  y 100 millones de dólares incautados, casi simultáneamente la diputada liberal Celeste Amarilla, denunció al presidente quien “recibió plata del narcotráfico para su campaña” y aseguró que actualmente en el país se registra “una guerra de mafiosos” , validos de supuestos audios filtrados por un funcionario de la Senad, Cristina Amarilla,  que los vende al mejor postor, entre ellos, el ex presidente Cartes.

El primero, la fatal jornada de protesta de los días 23 y 28 de marzo de 1999, después del magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña, que costó la vida de  ocho manifestantes, más de 700 heridos y la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas (1998-1999) contra quien Argaña impulsó el juicio político por violar la Constitución . El segundo, la manifestación del 31 de marzo de 2017, en oposición a reforma constitucional  impulsada  por el expresidente Cartes con el fin de habilitar la reelección presidencial, que terminó con la quema del edificio del Congreso y el asesinato de un joven militante en la sede del Partido Liberal Auténtico (PLA).

La manifestación del 5 marzo 2021 que reunió entre 5.000 y 10.000 personas (en una ciudad de poco más de medio millón de habitantes) inició su protesta de manera pacífica y finalizó en una fuerte represión policial con el saldo de decenas de heridos . La ciudadanía  afectada por la mala gestión del gobierno, agotada por los embates del covid-19 y golpeada económicamente por los efectos de la pandemia manifestó indignación, cansancio y descontento fuertemente : “Que renuncie Marito!”, “¡Ladrones a la cárcel!”, “¡Elecciones ya”.

Los hechos corroboraron que Marito no renunció. Y en tanto reiteradamente declara que “Estamos dando la batalla más dura en la historia del Paraguay contra el crimen organizado. Claro que tengo muchos contrarios, pero estoy orgulloso de que mis contrarios sean aquellos que están destruyendo nuestro país, especialmente, del crimen organizado”, destacó en su discurso pronunciado en la Expo Dubai los progresos alcanzados por su gestión gracias a “ ‘los sólidos cimientos’ de la economía paraguaya y de su crecimiento sostenido en los últimos años, a pesar del impacto de la pandemia”. Sin referencia alguna al Tercer Marzo Paraguayo ,  Abdo aseguró que el país “sufrió el menor impacto de todas las economías de Latinoamérica”, con un descenso de tan solo un 0,6 % del PIB. Al año siguiente, en 2021, “se convirtió en un crecimiento del 4,5%, y en los que va de 2022 ya va por el 3,7%”, agregó el primer mandatario de la República.

AGB