Las derechas y el derecho al sadismo social

En un momento mil veces ibérico en el último pero no menos telúrico debate presidencial hispánico, Santiago Abascal le recordó al digresivo oficialismo que los españoles quieren deportar a todos los inmigrantes ilegales, a todos los legales que cometan delitos graves, o delitos leves, si cometen varios. Sin titubear, sin aparente improvisación, sin tonos de memoriosa recitación mecánica, veloz, sin énfasis, el líder de Vox detalló la casuística de la retaceada ley de deportación express con exacta taxonomía jurídica que procede de lo absolutamente general a lo lastimosamente específico.

El instante resultaba aún más decisivo porque el GIF de crimen y castigo, humillados y ofendidos migrantes delincuentes era un episodio más en una respuesta del opositor Abascal a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y tercer cargo del actual gobierno. Un cameo tallado por el líder de Vox, el partido a la derecha del Partido Popular (PP) fundado en 2013, a la lideresa de Sumar, el espacio político a la izquierda del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) fundado en 2023. Como la vicepresidenta segunda del Gobierno socialista se hacía la chancha renga, sobreactuando la incriminación del rival para ganarse la propia reelección, Abascal se mostraba contrariado, forzado a recapitular en pocas palabras una obviedad, como un profesor que resume con rapidez una bibliografía obligatoria que da por leída. Y aquí no son libros: es la vida misma (área de confort, Lebensraum de toda derecha saludable). Sólo una consumada artista de la evasión puede cegarse a la evidencia del abrumador sufrimiento del pueblo español y a la necesidad patente de la popular  necesidad urgente de  habilitar cuanto antes la deportación inmediata de inmigrantes sin papeles o sin respeto.

Hecha la ley, buscada la reforma

En otra situación del debate, que gastó menos de un minuto de los 90’ que duró a partir de las 10 de la noche madrileña, el presidente-candidato socialista Pedro Sánchez, en eufórico comentario marginal, dijo que a la derecha “no se le cae la Constitución de la boca”. Las estadísticas de ese mismo debate, y con sólo un derechista en el estudio, le daban razón al líder del PSOE. Por dos veredas inconexas pero no incomunicadas marchan las columnas de la derecha que enarbola los dos estandartes de su Democracia. Una derecha que se asume como clímax de la democracia porque dice representar al pueblo y no a las élites (con todas las declinaciones gramaticales y léxicas de una y otra palabra). Y son más democráticas porque son el genuino baluarte de la preservación de la voluntad constituyente de la Constitución, son la fuerza más observante de su letra y su espíritu.

En el Reino de España,  acusan al PSOE de connivencias con autonomismos y soberanismos catalán y vasco, y en este último caso, de olvidadiza confraternidad instintiva con los herederos de ETA (si tienen bancas en las Cortes). Con el corolario de que a la izquierda la acción directa del terrorismo gore, desde la primera muerte marca etarra de1968 (todavía en tiempos del franquismo), hasta la última de 2010 (en suelo francés), podía resultarle estremecedora, pero nunca vomitiva. Prueba de ello, se insinúa Vox, que poco acto les da pactar con Bildu, el partido vasco pro memoria etarra.

Aplicado a la legislación migratoria evocada por Abascal en su jerárquica crescendo de sevicia, el constitucionalismo endilgado por Sánchez ilumina un condicionamiento en verdad obvio, a diferencia del aquel por cuyo silencio  el líder de Vox culpó de mala fe a Yolanda Díaz. Bajo la Constitución española, un proyecto de ley migratoria como el sintetizado es inviable, por inconstitucional. En el caso de un crecimiento imposible de votantes y de bancas, en el que se reformara la Constitución, ya esa reforma constitucional se vería impugnada por las autoridades de la Unión Europea (UE).

¿Y cómo sabe Abascal, cómo se ha enterado, de que todos los españoles, o una mayoría, padecen una insatisfacción desesperante que sólo aliviarán piezas legales de características enérgicas como el dispositivo de Deportación Ya? Si pidiéramos encuestas al líder de Vox, tendría derecho a sonreír. El vínculo del pueblo con el partido nunca se podrá medir con los instrumentos alienantes de una empresa de sondeos superficiales. Ni tampoco es una inducción, una mayoría aumentada artificialmente, pero derivada, a ojo de buen cubero, de tales o cuales comunidades.

El electorado de Vox se parece un poco al electorado del pospinochetista y ultracatólico José Antonio Kast. Con  votantes en barrios pobres y en muy ricos, el candidato de la nueva derecha extrema ganó la primera vuelta pero perdió la segunda en las últimas elecciones chilenas, que dieron la presidencia a Gabriel Boric. Muchos profesionales, muchos abogados, muchos jóvenes corporativos. No son anarquistas o libertarios. Quieren un Estado más fuerte, aunque menos empresario. Quieren nuevas leyes, no pocas leyes. Ni leyes Zen. Dos países católicos, jesuíticos. Como el Brasil. Bienvenida la casuística, la minuciosidad, los incisos clasificatorios.

La imaginación (punitiva) al poder (del Bien)

Resultan ociosos los reparos legales a la ley migratoria. En sus plataformas, son cuidadosos en advertir que la reforma de la Constitución y de la legislación europea son prerrequisitos que cumplirán antes de avanzar con su programa progresista, o progresivo (si les dan los votos, aunque sobre esto no insistan). Construcciones como la Ley de Deportación Inmediata de Inmigrantes son fake news del porvenir. No informan de un pasado inexistente, predicen un futuro imposible.

El programa de campaña de Kast era inusitadamente breve. Una lista de puntos. Pero era sorpresivamente grande el número de puntos dedicados a las facultades extraordinarias y a la (casi) suma del poder público del Presidente en caso de que él detectara emergencias. Una sucesión de desbridadas fantasías punitivas, que permitían al Ejecutivo detener personas sin orden judicial, retenerlas sin apuro, interrogar debidamente a migrantes, a mapuches, a narcotraficantes, al crimen organizado, a delincuentes comunes, a mal llamadas protestas sociales de bandas formadas por saqueadores de la propiedad privada y por destructores de bienes y servicios públicos y vándalos del patrimonio del Estado.  

Son narraciones de sentido completo, que podríamos llamar ficciones pero esto degradaría el valor de verdad que se les asigna. Para el electorado de Abascal, la imposibilidad institucional de sancionar esa Ley en el horizonte de nuestras existencias actuales no la rebaja ni en un punto. Esas historias adunan a los votantes, enlazan a los electorados en un club social y deportivo, los dotan de una identidad, se ganen o no las elecciones, como la que proporcionaban los colores facciosos en el hipódromo en Bizancio.

El relato derechista ostenta el rasgo reiterado y prominente de dar por concedida la legitimidad del derecho al sadismo social a sociedades y comunidades de España e Iberoamérica que desde la transición democrática se han visto disminuidas en su status,

Se podría objetar que construcciones como el Proyecto Constitucional chileno descartado rebosaba de ‘fake news del futuro’, promesas de nuevos derechos cuyo reconocimiento no puede decirse cuándo tendrá consecuencias. Es cierto, pero no formaron lazo social, esas benéficas utopías, aborrecidas por el plebiscito del 4 de septiembre.

Muchas de estas construcciones derechistas tienen en común el rasgo saliente y prominente de dar por sentado una legalidad y una legitimidad. En dar por reconocido el ejercicio pleno de un derecho: el derecho al sadismo social. En sociedades y comunidades que desde la transición democrática en España e Iberoamérica se han visto disminuidas en status, poder político, poder adquisitivo, privilegios residenciales y de servicios, con un avance que aceleró o desaceleró sus velocidades, sin apenas detenerse, sin jamás retroceder.

En Europa, pero también en América, los grupos que se quedan en el mismo lugar, que no migran, que no van y vienen, que envejecen y decrecen demográficamente (Vox es un adalid de la familia numerosa para frustrar el reemplazo de España por migrantes). Que en la doctrina pero también en la calle ha visto limitarse el poder de fuego de los gatillos policiales por el escrúpulo de los DDHH. Que ve a una Justicia Penal que confiesa su repugnancia para infligir dolor como castigo. Que ve crecer la ilegitimidad de prejuicios (étnicos, raciales, culturales, nacionales, clasistas, laborales, regionales, religiosos, lingüísticos, y por sobre todo, de género) que medran clandestinos.

Animus iocandi

El uso de un humor sádico, alegre, con buena conciencia, sin pudores, viril, de expresión verbal desnuda en el viejo idioma vernáculo, desentendida de las resonancias ideológicas de la lengua, ejercer una atracción fascinadora sobre un electorado fascinado. Los líderes de Vox en España y de Chega! en Portugal, Trump y Berlusconi y Bolsonaro, el Partido Colorado en el Paraguay y Cabildo Abierto en el Uruguay, Forza Italia y la Lega (Nord), el Boris de Londres y el Camacho de Santa Cruz de la Sierra, Haider en Austria, Le Pen (padre) en Francia y Aurora Dorada en Grecia solicitaban a quienes les pedían moderación una pleitesía menos ritual, más democrática al derecho a la libre expresión. Que ejercían rutinariamente sin salir del perímetro de la sátira sádica, aunque pocas veces pérfida.

Esa sátira practica con una calidad que, dentro las reglas de ese arte, no sabe de altibajos, el joven presidente salvadoreño. Nayib Bukele, superdotado de mayorías legislativas de un grosor sin parangón, pudo amoldar las normas al tamaño de su esperanza punitiva. Construyó una mega prisión, la llenó de maras, sometidos los presos a una quisquillosa normativa insomne. Sobre la utilidad final de esa cárcel de invención para los fines que fue diseñada, y tasada según su competencia, sin pronunciarse sobre la decisión política, hay dictámenes divididos. En cambio, como aserción de un legítimo derecho al sadismo social que se defiende, hay entusiasmo.

Entrando por la salida

En el Perú, en Guatemala, y aun en la vecina Xiomara Castro, que ahora quiere construir un Alcatraz en las Islas del Cisne, hay pasión por emular a Bukele. Y en el caso de la primera presidenta de izquierda en Honduras, cuyo gobierno es cada vez menos popular, hay también la esperanza de que este entusiasmo común por el sadismo bien temperado relance los vínculos con el electorado. No sólo cuenta Bukele con el consentimiento adulto de los tres poderes del Estado: también goza del 90% de popularidad.

AGB