La imposible desregulación total

En una nota publicada el domingo en Perfil, el posible ministro Federico Sturzenegger aboga por lo que llama una “descontaminación legislativa” que desregule las actividades económicas en el país, a las que juzga como producto de la corrupción y los intereses creados de la burocracia (de la “casta”, se privó de decir). Con varios ejemplos, que van desde los cohetes de Elon Musk a matrimonios arreglados por el Estado, parece argumentar que las regulaciones son malas en sí mismas, que en todo caso probemos desregulando e intervengamos recién cuando pase algo malo que lo amerite. Dada la participación del autor en las propuestas del futuro gobierno, resulta urgente entender la filosofía que las motiva.

Empecemos por reconocer algo: es verdad —como ilustra Sturzenegger con el ejemplo de Musk— que la regulación puede impedir innovaciones. Naturalmente, es difícil probar un hecho negativo: no sabemos con exactitud cuántas ni cuáles innovaciones han quedado truncas por regulaciones insensibles. Sí sabemos, sin embargo, algunas otras cosas. Por ejemplo, sabemos que en ocasiones la regulación promueve la innovación (digamos, forzando a actores privados a encontrar energía limpia a bajo costo). También sabemos que hay ciertas innovaciones que hemos decidido evitar por razones éticas, como la clonación de seres humanos, o que tememos por sus potenciales efectos devastadores. El propio Musk, por ejemplo, ha implorado que el mundo rápidamente regule los vertiginosos avances en inteligencia artificial.

El punto, de todos modos, es más general: no existe vivir primero y regular después, sencillamente porque vivimos en sociedad hace milenios y todas nuestras actividades ya están reguladas de algún modo. Habrá regulaciones más o menos convenientes, pero imaginar que podemos recrear una especie de posición original (de tabula rasa, en neolengua libertaria) en la cual empezar de cero a examinar qué regulaciones funcionan y cuáles no es una especie de fantasía adolescente que ignora la sabiduría del pasado: ahora vengo yo que me las sé todas. Sturzenegger parece proponer que esperemos a que los bancos quiebren antes de regularlos, como si no hubiéramos visto ya a los bancos quebrar varias veces.

El ejemplo estrella de la nota ejemplifica casi pedagógicamente los desaciertos de su concepción. Sturzenegger nos pide que comparemos nuestro sistema actual de matrimonio con una distopía en la que nos podemos casar únicamente con ciertas personas, contratando a intermediarios determinados y en la que las obligaciones de cada cónyuge están determinadas por el Estado. Es curioso, nos azuza: aborreceríamos un sistema como este mientras aceptamos pasivamente regulaciones análogas, como las de los seguros de cosecha. El ejemplo es elocuente por varios motivos.

La comparación es —de nuevo, aprovechemos el léxico libertario— una falacia. Sturzenegger pretende que nos horroricemos con una regulación que no existe y que nadie propone para que entendamos que en realidad deberíamos horrorizarnos con todas ellas. Pero sólo en la nota de Sturzenegger el matrimonio es análogo a los seguros agrícolas. Todas las sociedades y todos los sistemas jurídicos entienden perfectamente que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En cualquier democracia del mundo es constitucional quitarle a una empresa el 10% de su ingreso en forma de impuesto, y en cualquier democracia del mundo es inconstitucional arrancarle el 10% de las páginas de su diario íntimo. Todos entendemos intuitivamente la diferencia entre los valores que le asignamos a una y otra cosa. Argumentar contra lo primero usando de ejemplo lo segundo no apela a nuestro sentido común: busca subvertirlo.

En cualquier democracia del mundo es constitucional quitarle a una empresa el 10% de su ingreso en forma de impuesto, y en cualquier democracia del mundo es inconstitucional arrancarle el 10% de las páginas de su diario íntimo

Incluso si nos montamos sobre la comparación de Sturzenegger, e imaginamos al matrimonio como un contrato análogo al seguro de cosechas, encontraremos razones para regular al segundo que no se aplican al primero. El Estado casi nunca tendrá más o mejor información que los novios acerca de quién es el mejor partido (“conocimiento local”, en palabras de Friedrich von Hayek) y en definitiva el naufragio del matrimonio no perjudicará a nadie más que a los fracasados tortolitos. En cambio, la industria financiera tiene un enorme nivel de opacidad y asimetría de información que podría justificar proteger al consumidor de sus servicios. Además, la caída de una institución financiera acarrea riesgos sistémicos que podrían derivar en una catástrofe económica que a menudo termina con rescates públicos (es decir, con la tuya, contribuyente) avalados por economistas liberales.

El ejemplo, en todo caso, fracasa en un nivel más fundamental: el distópico esquema matrimonial con el que Sturzenegger busca asustarnos es precisamente el que ya tenemos. La ley nos permite casarnos únicamente con ciertas personas (es decir, aquellas que tengan algún tipo de identificación estatal, no sean menores de edad, no hayan sido declaradas incapaces por el Estado, no sean parientes cercanos y no tengan un vínculo conyugal preexistente) y sólo podemos hacerlo a través de una oficina pública como el Registro Civil. Ya casados, también nuestras obligaciones están reguladas por la ley: los cónyuges se deben, dice el Código Civil, asistencia, cooperación y alimentos.

El matrimonio no es, como dice Sturzenegger, un “acto entre privados”, sino que es una institución fundamental de la vida social y la tratamos como tal. A través de la regulación del matrimonio, la sociedad protege a la familia y le da privilegios que no le da a otros vínculos, como los de amistad. Los cónyuges tienen prohibido denunciar penalmente al otro, lo que dificulta el objetivo social de la prevención del delito. Los cónyuges heredan la pensión del otro, incrementando el gasto público. Los cónyuges tienen derecho a la cobertura médica del otro, lo que impacta en los recursos para la salud del resto de la sociedad. Creyendo que está vivando a la libertad, Sturzenegger está en realidad avalando una regulación íntima y rigurosa.

El verdadero enemigo de Sturzenegger, entonces, no puede ser la regulación en sí misma. Está en contra, a lo sumo, de las malas regulaciones, que como él dice son producto de una mezcla de corrupción, intereses creados y propensiones psicológicas impulsivas y poco examinadas. Por dar un ejemplo, parientes cercanos del Procurador del Tesoro y del presidente de la Cámara de Diputados anunciados para el gobierno libertario son titulares de Registros Públicos del Automotor, una caja utilizada desde siempre por la política para retribuir favores a expensas de la tranquilidad y la eficiencia.

Ojalá algún gobierno logre desanudar la maraña regulatoria que aqueja al Estado argentino. Cuando lo intente, sin embargo, no podrá hacerlo a través de consignas absolutas, sino que deberá ir regulación por regulación, haciendo un riguroso examen de costo-beneficio de cada una de ellas y de sus alternativas. Este trabajo, en apariencia gris y desapasionado en una cultura política acostumbrada a gritar que “vamos por todo” aunque ese todo cambie cada diez años, sería lo verdaderamente revolucionario.

SG/JJD