Daniel Ortega va por su quinto mandato en unas elecciones muy cuestionadas y sin riesgo para el sandinismo
Nicaragua afrontará este domingo unas elecciones presidenciales que no guardan incógnitas porque el mandatario Daniel Ortega se encamina a lograr otro mandato, el cuarto consecutivo y el quinto en total, aún cuando los comicios son cuestionados desde varias organizaciones internacionales y varios países amenazan con desconocerlos por el arresto de decenas de opositores, incluidos precandidatos.
En lo formal, Ortega, candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), todavía debe superar en las urnas a otros cinco candidatos, pero ninguno parece tener chances serias de arrebatarle el triunfo ya que se trata de dirigentes poco conocidos para la mayoría de los nicaragüenses.
La jornada de votación llega, además, precedida por una campaña tenue, apenas matizada por escasos avisos en los medios y poquísimos actos públicos de los candidatos, en buena medida atendiendo a las disposiciones de las autoridades electorales por la pandemia. El Consejo Electoral solo autorizó actos de no más de 200 personas y con un máximo de 90 minutos de duración.
De hecho, las principales plazas de Managua estuvieron en las últimas semanas plagadas de adornos navideños y una iluminación especial, y sin carteles, afiches ni pasacalles con las habituales promesas de campaña.
Con el periodo que termina en enero, Ortega ya es el presidente con más años en el poder en la historia del país, y los cinco años que probablemente ganará mañana lo llevarán a un lugar que difícilmente pueda igualar otro mandatario.
Alfredo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); Mauricio Orúe Vásquez, del Partido Liberal Independiente (PLI); Walter Espinoza, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); Guillermo Osorno, de Camino Cristiano Nicaragüense; y Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República (APRE) son los otros candidatos.
Pero difícilmente puedan complicar el triunfo del mandatario. Ortega lleva más de la mitad de su vida como líder indiscutible del FSLN, partido del que ya fue único candidato presidencial en 1984, 1990, 1996, 2001, 2006, 2011 y 2016.
Desde el 2014, por una decisión del Congreso avalada por la Justicia, no hay límite en el número de mandatos presidenciales y Ortega repite la fórmula con su esposa, Rosario Murillo.
Unas elecciones cuestionadas
La votación de mañana también es el final de un proceso por demás cuestionado, tanto a nivel nacional como internacional: llega tras la detención de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos 8 precandidatos presidenciales, la prohibición de participar a tres partidos y la cancelación a una veintena de ONG.
La mayoría de las decisiones, de las que el Gobierno se despega atribuyéndoselas a la Justicia, están basadas en una norma inédita para la región: la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, una norma que tiene apenas 224 palabras, dos artículos (el segundo de forma) y que fue votada en solo 24 horas por el Congreso, dominado por el oficialismo.
En algunas de las acusaciones que llevaron a detenciones se agregaron lavado de dinero y falsificación de documentos, y en todos los casos la figura que cae sobre los arrestados es la de “traición a la Patria”.
La única excepción es la de la periodista y la precandidata opositora más popular Cristiana Chamorro, a quien las encuestan mostraban como una rival de riesgo para Ortega, acusada de lavado de dinero y falsedad ideológica.
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Los otros precandidatos detenidos son el excanciller José Pallais, el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro, el exdiplómatico Arturo Cruz, el economista Noel Vidaurre, el también periodista Miguel Mora y el dirigente campesino Medardo Maidena.
También fue arrestada la exmodelo Berenice Quezada, quien iba a ser la segunda en la fórmula de Ciudadanos por la Libertad (CxL), que llevaría al frente al exjefe de la Resistencia Nicaragüense (conocidos como “los contras”) Oscar Sobalvarro.
El caso de CxL es elocuente: primero detuvieron a Cruz y a Juan Chamorro, después a Quezada y una semana después el Consejo Electoral canceló la personería jurídica de la fuerza porque su titular, Kitty Monterrey, tiene doble nacionalidad. La fuerza, claro, quedó fuera de los comicios.
Ya habían sido canceladas antes otras dos estructuras: la del Partido Conservador y la del Partido para la Restauración Democrática.
Por eso, parte de la oposición llama a la abstención: artistas y cantantes, inclusive, grabaron (en Costa Rica) una canción para instar al no voto: “Quedémonos en la casa/que este 7 de noviembre no hay por quién votar./Quedémonos en la casa/ porque nos han secuestrado nuestro derecho de elegir”, dice su letra.
Mañana se votarán además 90 diputados para la Asamblea Nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano.
La Asamblea Nacional tiene de hecho 92 bancas, pero una es para el mandatario saliente (que no hay hace 15 años) y otra para quien ocupe el segundo lugar en los comicios.
El sistema electoral prevé una segunda vuelta, evitable si el ganador alcanza el 45% de los votos o un mínimo de 35% y cinco puntos de diferencia con el segundo. Quien gane empezará su mandato el 10 de enero, y un día antes asumirán los nuevos legisladores.
Aunque ningún país haya anunciado que tenga planeado desconocer los resultados, el día después de los comicios representa una verdadera incógnita porque la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos denunciaron la situación de opositores encarcelados y una manipulación del Consejo Electoral. El Gobierno respondió rechazando observadores electorales de estos los bloques regionales.
Habrá unos 30.000 efectivos de seguridad (15.000 y 16.000 policías) para resguardar los comicios, y los 4,3 millones de nicaragüenses habilitados votarán en 13.459 juntas receptoras, que funcionarán de 7 a 18 (10 a 21 de Argentina).
Los comicios fueron cuestionados por el Consejo de Seguridad de la OEA, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y, en el pronunciamiento seguramente más duro, por la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH). En paralelo, México y Argentina expresaron su preocupación por la detención de decenas de opositores.
CB con información de Télam
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