Córdoba: recuperaron su libertad los cinco detenidos en la represión a la protesta contra el DNU

“Los cinco detenidos van a ir recuperando su libertad en el transcurso de la tarde. La orden de libertad ya fue girada desde la fiscalía”, le dijo el abogado Claudio Orosz a elDiarioAR sobre la situación de las personas que el jueves a la noche, durante la represión ordenada por el fiscal Ernesto de Aragón, habían sido detenidas durante la manifestación en pleno centro cordobés contra el DNU firmado por el presidente Javier Milei. Recién a las 17 recuperaron la libertad el periodista Rodrigo Savoretti y su hermano Agustín, dos de los cinco ciudadanos. Una hora y media después, ya estaban todos libres.

Los manifestantes fueron imputados por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, lesiones e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos en concurso material. El fiscal Ernesto de Aragón explicó a los distintos medios que las detenciones se produjeron luego de que la Policía informara sobre las restricciones a la hora de protestar y que cómo respuesta hubo agresiones por parte de los vecinos que participaban del cacerolazo frente al centro comercial Patio Olmos: “Hubo aproximadamente 600 manifestantes en el marco de estas manifestaciones que se dieron en todo el país. Ocuparon toda la calzada impidiendo la circulación del tránsito”.

El fiscal señaló que “se dio la orden de habilitar media calzada y respondieron con piedras y botellazos”, y que producto de los enfrentamientos hubo cuatro oficiales heridos, además de cinco personas detenidas y una mujer herida a raíz de un botellazo.

Esa mañana, en la Central de Policía, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, puso en funciones a la cúpula de la fuerza, como jefe al comisario general Leonardo Gutiérrez y como subjefe al comisario general Alejandro Mercado. Ninguno de los tres quiso hablar con las y los periodistas que cubrían el acto.

“Un acto represivo de extrema gravedad”

Frente a la dura represión, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) emitió un comunicado donde repudia el accionar de efectivos de la Policía de Córdoba bajo las órdenes del fiscal De Aragón: “Los hechos ocurridos el 21/12/2023 donde miles de cordobeses se manifestaron en el centro de la ciudad capital contra el decretazo de Javier Milei y ya avanzada la noche, integrantes de la Policía de Córdoba se movilizaron hacia dicho sector, comenzando a hostigar y violentar a los manifestantes, disparando balazos de goma, a los palazos y utilizando gas pimienta, configura un actuar represivo es de extrema gravedad, que violenta Derechos Constitucionales fundamentales, y repudiamos enfáticamente”. Desde la medianoche, el vocal de la APDH Córdoba, Pablo Sigismondi, fue uno de los representantes de organismos defensores de DDHH, que participó de la vigilia frente al Centro de Recepción de Personas Aprendidas en calle Laprida 731, para reclamar por la libertad de los cinco detenidos.

El mismo jueves 20, cuando se cumplió un nuevo aniversario de la renuncia de Fernando de la Rúa como Presidente y la represión que dejó 39 muertos en 2001 en distintas ciudades del país, en Córdoba —así como en la Capital Federal y otras ciudades del país, hubo una marcha con más de 5.000 manifestantes por el centro de la Capital y la Policía no reprimió.

Una mujer policía, infiltrada: estaba disfrazada de fotoperiodista

En cambio hubo, al menos, una mujer policía infiltrada como periodista con un chaleco de “Prensa” que se dedicó a fotografiar y filmar a los manifestantes, tal lo denunciado por la APDH Córdoba: “En una Córdoba donde los índices de pobreza, indigencia e inflación son uno de los más altos de Argentina, la APDH Córdoba entiende que criminalizar y reprimir a los sectores populares, sólo recorta las garantías constitucionales como son el derecho a manifestarse y a la libertad de expresión. La APDH Córdoba viene denunciando que estas prácticas ilegales de represión, espionaje a organizaciones y dirigentes populares, además de las tareas de inteligencia por parte de la policía cada vez que se realizará alguna movilización, que incluye la actuación de infiltrados y personal de civil”. 

Por su parte, el Círculo Sindical de la Prensa (CiSPren) también denunció la detención arbitraria de los manifestantes, entre ellos de un trabajador de prensa de medios cooperativos: “Repudiamos la detención de cinco personas, entre las cuales se encuentra un trabajador de prensa del medio autogestivo Enfant Terrible (Rodrigo Savoretti); y exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos. Cabe destacar que el compañero trabajador de prensa pertenece a un medio de comunicación cooperativo que integra la Red de Medios Digitales, que a su vez es parte de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios”.

El gremio de prensa cordobés dirigido por María Ana Mandakovic denunció además que

“la detención y represión a trabajadores de prensa incumple con legislación provincial, nacional e internacional de rango constitucional, por eso le recordamos al Gobierno provincial, especialmente al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, que está en plena vigencia el Registro de Trabajadores de Prensa (ReTraPren), normativa que protege y garantiza el normal desarrollo del trabajo de prensa en espacios públicos y en cualquier ámbito donde se desarrolle una cobertura periodística”.

Córdoba pionera en penalizar la protesta social

En la pasada Legislatura cordobesa, donde el schiarettismo contaba con mayoría absoluta, el legislador llaryorista Juan Manuel Cid y el alfonsinista Dante Rossi presentaron dos proyectos de ley para restringir o criminalizar la protesta social –según las opiniones a favor o contra la medida-; haciendo caso a los reclamos de comerciantes del microcentro de la Capital que presentaron un recurso de amparo ante la Justicia para evitar movilizaciones que les producían, decían, caídas en sus ventas.

En sintonía, el 31 de marzo pasado, el juez de Control Juan Manuel Fernández López hizo caso al reclamo del Centro Vecinal del Centro y abrió la puerta a la represión a la protesta social, amparada y avalada por la Justicia: “Se encuentra legalmente autorizado (…) a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público”, informó el magistrado a las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Bajo esta resolución, sólo cinco días después, el 5 de abril, el fiscal Ernesto de Aragón, imputó por los delitos de desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos en concurso material (artículos 45, 239, 194 y 55 del Código Penal) al secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani; a la ex legisladora del Frente de Izquierda (FIT-U) Soledad Díaz García; al dirigente del Partido Obrero (PO), Emanuel Berardo y a los militantes sociales y gremiales Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano. 

El 1 de noviembre pasado, el mismo fiscal De Aragón, elevó a juicio la causa contra los seis dirigentes que habían participado de la Marcha contra el Hambre y en su acusación señaló que los acusados habían participado y liderado la protesta en Córdoba “en el marco de ejecución de un plan de jornada nacional de protestas bajo la consigna ‘Piquetazo Nacional’ que había sido resuelto por la Unidad Piquetera Nacional en plenario reunido en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires el día tres de marzo de 2023”.

En las causas de abril pasado por la Marcha contra el Hambre; como en las de la protesta de anoche contra el DNU de Milei; el fiscal Ernesto de Aragón aplicó la misma normativa de desobediencia a la autoridad y obstrucción de transporte y servicios públicos.

El pasado jueves 16 de noviembre, gran parte del centro cordobés, la misma zona del Patio Olmos donde anoche hubo represión y cinco detenidos, sufrió un corte de doce horas entre las 10 y las 22 que afectó sensiblemente el tránsito y el transporte público en horario pico. Pero no hubo represión, ni diligencias del Ministerio Público Fiscal; ni del Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba, ni de la Policía provincial. Esa tarde-noche a las 20, Javier Milei acompañado de Patricia Bullrich, cerró su campaña nacional para el balotaje.

GM/JJD