“El propio ministro de seguridad admitió que el homicidio de Blas Correas fue un caso de violencia institucional”

Milagros mira a Blas y le enseña a su hermanita menor Martina, a repetir el nombre de su hermano: “Blas”. La mayor, que ahora tiene tres años, era una beba cuando la Policía de Córdoba asesinó a su hermano. Y Martina, la menor, no alcanzó a conocerlo, nació ocho meses después de este crimen que conmocionó a Córdoba. En abril cumplirá dos años.

En su casa de barrio Villa Cabrera, Soledad Laciar habla con elDiarioAR; mientras su marido Ramiro, papá de las nenas, prepara café. Hace frío en Córdoba en pleno febrero. Juan, el hijo mayor, llega de la calle, saluda con un beso a todos, les hace upa a sus hermanas y los tres se van hacia el interior de la casa. Parece que todo transcurre con normalidad, salvo que la charla con Soledad, es para contar las novedades sobre el final del juicio por el homicidio de Blas Correas, su hijo de 17 años que fue asesinado por la Policía de Córdoba en un caso de gatillo fácil, la madrugada del viernes 6 de agosto de 2020 en plena cuarentena por el Covid-19.

“En estos seis meses de juicio quedó ampliamente demostrado que los policías Alarcón y Gómez dispararon contra el auto donde iba Blas y lo mataron. Que nos salvamos de una masacre de milagro y los chicos, los amigos de Blas salvaron sus vidas. También se demostró ampliamente que no los ayudaron a salvar la vida de Blas; y que tras su muerte, armaron una operación donde están involucrados policías y funcionarios políticos; más allá de los 13 acusados que están siendo juzgados. Cuando reclamamos Justicia, reclamamos que todos los involucrados sean condenados, no sólo los 13 imputados”, relata Soledad Laciar sin levantar el tono y sin mostrar enojo.

El miércoles 8 de febrero en la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, comenzó la segunda etapa del juicio en el que los policías Javier Alarcón (32) y Lucas Gómez (36) están acusados de haber asesinado a Blas Correas (17) hace 30 meses, la madrugada del 6 de agosto de 2020 en un retén policial. Otros 11 acusados, todos policías, están imputados del delito de encubrimiento en diversos grados. Ese día, renunciaron cuatro jurados populares, tres adujeron cuestiones de salud y el cuarto por motivos laborales. El viernes 10, se resolvió que todos los testimonios de testigos se incorporaran por lectura, y que desde este miércoles 22 comenzara la maratón de alegatos: primero el fiscal Marcelo Hidalgo; el viernes 24 el abogado querellante Alejandro Pérez Moreno; y desde el viernes 3 de marzo, el turno de los defensores.

Violencia institucional

“El ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que ahora es legislador, declaró en el juicio y admitió ante jueces, jurados populares, la prensa y ante nosotros, que en el asesinato de Blas hubo violencia institucional, que se lesionaron los Derechos Humanos. La Justicia debe decir en su fallo, algo al respecto. Si el propio ministro Mosquera, responsable de la seguridad y jefe político de la Policía de Córdoba, admite que el homicidio de Blas fue un caso de violencia institucional, no puede ser que sólo sean juzgados 13 policías. No se puede naturalizar que en Córdoba, donde el gobernador (Juan) Schiaretti quiere ser candidato a Presidente, la violencia institucional y la violación sistemática de los Derechos Humanos sea lo normal y no la excepción. Durante los años que Mosquera fue ministro, además de Blas, fueron asesinados por la Policía, otros chicos, como Joaquín Paredes y (José Antonio) Avila. Mientras se están juzgando a 13 policías por la muerte de Blas; en otro tribunal están juzgando el caso de (Isaías) Luna, el chico del robo de barrio Urca al que asesinaron por la espalda y también le plantaron un arma como a Blas. No son casos aislados, es la política de Seguridad que implementó Mosquera”, denunció Soledad Laciar.

-¿Usted cree que a partir del juicio pueden cambiar algunas calificaciones legales de las imputaciones, como pasar de encubrimiento a encubrimiento agravado, y que además haya nuevos imputados?

-El fiscal Hidalgo nos dijo que iba a pedir una ampliación de la denuncia. Que se iba a correr vista para que haya nuevos imputados. Quiero ver qué dice el miércoles en el alegato. La Justicia ha demostrado que los condenados son casos puntuales; pero como sistema no se condena a la violencia institucional. Nosotros como querellantes exigimos que la sentencia condene explícitamente la violencia institucional, que se acepte que en el caso de Blas hubo un sistema, un aparato institucional diseñado para asesinarlo y luego encubrir el homicidio. Eso es lo que quedó expuesto en el juicio. A los policías Alarcón y Gómez los condenarán por el homicidio; a sus compañeras de patrulla, por encubrimiento. Pero acá hay más responsables que ocultaron pruebas y armaron una causa, no sólo los 13 imputados; los chats, las charlas entre oficiales de la Policía y funcionarios políticos que vimos todos en el juicio exponen que hubo un plan institucional para tapar todo. A nosotros no nos sirve que imputen a cinco, 10, 15 policías más, lo que se está juzgando no es sólo el homicidio de Blas, en el banquillo está el sistema de encubrimiento del gatillo fácil. ¿Van a juzgar a más policías, y con eso va a terminar la violencia institucional en Córdoba? No veo la intención del Gobierno de iniciar cambios profundos, de reformar a la Policía para que no haya más violencia institucional.

-Para la familia no cambió nada desde el asesinato de Blas en materia de formación policial…

-Sí. No hay ningún cambio profundo. El Ministerio de Seguridad dejó de ser ministerio y pasó al Ministerio de Gobierno. Pero en la política de seguridad no hubo ningún cambio. No es una crítica a este gobierno, no tengo nada personal contra Schiaretti, ni contra Mosquera, ni contra (el secretario de Seguridad, Claudio) Stampalija, que el otro día dijo que ‘la Policía no es violenta’. ¿Qué les pasa? Acá no hay cambios de raíz, yo voy a estar tranquila el día que sepa que mi hijo y mis hijas puedan salir y volver sin que les pase nada. Acá hay un sistema aceitado, la Policía mata, encubre; el poder político amplía el encubrimiento y se busca impunidad. Lo vimos todos en las audiencias. No se trata de dos policías loquitos o dos malos policías. Ni de un ministro que se va de boca al admitir bajo juramento que en Córdoba hay violencia institucional. Es el modelo cordobés de Seguridad, que Schiaretti quiere proponer a nivel nacional, ahora que quiere ser candidato a Presidente. Eso les va a ofrecer a los votantes del resto del país, una Policía que mata a sus jóvenes, como en Córdoba.

La madre de Blas contó que al final del juicio “quiero ver qué dicen Amnistía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que son observadores. En junio, estaría listo el informe de Naciones Unidas sobre violencia institucional en Córdoba. De la Justicia no espero mucho, el Gobierno armó esta Justicia, hace más de 20 años que vienen construyendo esta Justicia en función de ellos. Pero con Ramiro tomamos la decisión de ir para adelante, lo hacemos con convicción. La muerte de Blas tiene que servir para algo, para que no haya más gatillo fácil, para que no maten más pibes, para que no haya violencia institucional, para que las cosas mejoren”.

El pasado domingo 12 de febrero, Blas hubiera cumplido 20 años. La familia se reunió para recordarlo. Su abuelo Miguel Laciar está enojado, iban juntos a ver a Belgrano, donde “Pato” fue una de sus glorias en la década del ’70. Su abuela Nany, está triste. Y sus hermanitas no entienden su ausencia: “Milagros me preguntó ‘¿por qué Blas no viene a soplar la velita?. Mami, yo quiero que Blas venga a su cumple’ ¿Cómo le explicás que una noche la Policía le mató el hermano? Mi papá quiere que haya otro juicio y que vayan todos presos, está muy enojado. Y mi mamá está triste, pero está haciendo terapia, lo maneja como puede, busca salir, superarlo. Los que mataron a Blas y encubrieron la muerte no se dan cuenta lo que le hicieron a esta familia”.

Gatillo fácil antes y después de Blas

La misma madrugada en que Blas fue asesinado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) se interesó por el crimen. Una de las amigas de Soledad Laciar es hija de Rubén Arroyo, presidente honorario de la APDH Córdoba y ex miembro de la CONADEP Córdoba.

En noviembre del año pasado, durante la visita a Argentina de Morris Tidball-Binz, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la APDH Córdoba le presentó un preciso informe de casos fatales de gatillo fácil ocurridos en la provincia mediterránea desde el 10 de diciembre de 2019, donde se hacía mención a 10 homicidios a manos de la Policía de Córdoba. Esa vez, el funcionario de la ONU se entrevistó con Soledad Laciar y familiares de otras víctimas.

Estos son los casos fatales a manos de la Policía y el Servicio Penitenciario de Córdoba analizados por las Naciones Unidas:

1. Franco Sosa (27). 26 de abril 2020 en la zona de Interfábricas, luego de robar en una metalúrgica.

2. Gastón Mirabal y Ariel V. iban en moto por Villa La Tela. 3 de junio de 2020. Dos agentes de la Policía de Córdoba los persiguieron y les dispararon. Gastón murió y Ariel sobrevivió a seis heridas de balas.

3. José Antonio Avila, vendedor ambulante muerto con un balazo en el abdomen. 4 de julio de 2020. La APDH Córdoba denunció que “la condena a los policías Navarro y Juárez por el homicidio de José Avila, donde no se tuvo en cuenta el doble agravante por la condición de policías de los acusados, implica una condena baja en la escala penal, lo cual es un mal precedente para todos los casos de violencia institucional donde los actores son policías en funciones”. La advertencia del organismo apunta a que en el juicio de Blas Correas, puede ocurrir lo mismo.

4. Blas Correas (17). 

5. Luis Morenigo (36). 31 de agosto de 2020, Alta Gracia.

6. Joaquín Paredes (15), Paso Viejo. 25 de octubre de 2020. Este adolescente festejaba el cumpleaños de un amigo cerca de la plaza del pueblo. Llegó la Policía y abrió fuego.  

7. Isaías Luna (21). 18 de diciembre de 2020. Fue abatido por la espalda en una casa que había asaltado desarmado en Julio Borda al 1.200 de barrio Urca de esta Capital.

8. Víctor Gustavo Calderón (21). 15 de febrero de 2022. Murió de 13 balazos que le disparó el policía Franco Paglino, que circulaba en moto de civil y con su pistola reglamentaria.

9. Ezequiel Castro. 14 de junio de 2022. Falleció ese día en el Hospital Misericordia de esta Capital; había sido detenido la noche del miércoles 8 de junio.

10. Johnatan Romo (36). 10 de julio de 2022, La Falda. Paciente en recuperación por su adicción a las drogas, Romo murió torturado por policías que lo detuvieron en la localidad serrana de La Falda. La autopsia realizada bajo el Protocolo de Minessota, para determinar si la muerte fue producto de un ilícito, confirmó que los policías mintieron: Romo fue ahorcado por un tercero, cuando estaba boca abajo y mientras era sometido a una golpiza. El fiscal Raúl Ramírez, un ex policía que actuó en los finales de la dictadura cívico militar en el Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía cordobesa, dejó en libertad a todos los policías imputados.

Todas las ejecuciones extrajudiciales analizadas por Morris Tidball-Binz ocurrieron durante la gestión de Alfonso Mosquera como ministro de Seguridad. En septiembre de 2022, 25 meses después del asesinato de Blas, Schiaretti ordenó disolver el Ministerio de Seguridad y convertirlo nuevamente en Secretaría. Mosquera ocupó su banca de legislador -estaba de licencia y no había asumido- y el ministro de Justicia y DDHH, Julián López, pasó a ocupar el Ministerio de Gobierno y Seguridad. Claudio Stampalija fue nombrado secretario de Seguridad de la Provincia.

El juicio en la mira de Amnistía

El juicio por el asesinato de Blas Correas a manos de la Policía de Córdoba comenzó hace casi seis meses, el 7 de septiembre de 2022 y el 26 de diciembre pasado se resolvió un cuarto intermedio hasta el 8 de febrero.

Los cabos primero Javier Alarcón y Lucas Gómez son juzgados como coautores de los delitos de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”.

También están sentadas en el banquillo de los acusados las compañeras de patrulla de Alarcón y Gómez; las policías Wanda Esquivel (33) y Yamila Martínez (24), quienes son juzgadas por “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autoras del delito de omisión de deberes de funcionario público”; la misma imputación que les cabe al subcomisario Sergio Alejandro González (43), al comisario inspector Walter Soria (44), al subcomisario Enzo Quiroga (35) y al comisario inspector Jorge Galleguillo (45). La policía Esquivel declaró que le ordenaron plantar un arma para inculpar a las víctimas. En las recorridas, se halló un viejo revólver inutilizado que había tirado Esquivel envuelto en una bolsa. Hay otros cinco policías, también imputados por encubrimiento.

El 6 de septiembre de 2022, un día antes del inicio del juicio, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina advirtió: “El caso de Blas marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia policial en Córdoba. La sociedad no admitirá que se trate de otro caso más de impunidad”. La acompañaron Soledad Laciar, su hijo Juan; el papá de la víctima, Blas Correas y el abogado querellante Alejandro Pérez Moreno.

García Rey señaló que “este juicio es un paso fundamental para combatir la institucionalización del abuso de la fuerza y la violencia policial. Hoy la confianza de la sociedad en la Justicia y fuerzas de seguridad está fracturada. El Estado tiene que mostrar que es capaz de investigarse a sí mismo, y con ello estar dispuesto a romper la trama de poder que subyace a estos casos. Los resultados de este proceso pueden constituir una oportunidad en la dirección correcta para poner fin a la impunidad en Córdoba y Argentina”.

Tras la etapa de los alegatos, se espera que la sentencia se dicte a mediados de marzo.

GM