¿Cómo es el orden de vacunación en Argentina?

El reclamo de los “esenciales”: sindicatos y cámaras sectoriales pujan por un lugar en la lista de vacunación

A medida que el plan de vacunación avanza y los grupos de mayor riesgo comienzan a alcanzar un mayor porcentaje de inmunización, los sectores que hasta ahora fueron meros espectadores de la campaña comienzan a presionar para obtener un orden de prioridad en la lista de los próximos inmunizados. De empleados de supermercado a trabajadores de comedores comunitarios, pasando por petroleros y funebreros, todos aducen su centralidad para el funcionamiento del país y destacan el riesgo cotidiano al que están expuestos. Sin embargo, el Gobierno anticipa que no modificará su estrategia hasta tanto no haya mayor volumen de dosis. 

Según datos oficiales, hasta el momento está inmunizado 60% de las personas de entre 90 y 100 años, 79% de quienes tienen entre 80 y 90, 82% los de la franja 70-80 años y 70% de los mayores de 60 años. Además, en todo el país se avanzó con la vacunación del personal médico y docente, de modo de mantener activos hospitales y escuelas. Ahora, múltiples de sectores aseguran que tienen su ritmo de actividad frenado por la cantidad de contagios y que si son considerados “esenciales” y habilitados a trabajar todos los días, también corresponde que se los inmunice. 

Algunos sindicatos y cámaras empresarias simplemente le solicitaron mediante notas al Gobierno que les asigne un orden de prioridad, mientras que otros avanzaron también con gestiones propias para conseguir vacunas, como es el caso del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que está en diálogo con AstraZeneca por un remanente de vacunas de Israel.  

Sin embargo, fuentes de Presidencia aseguraron a elDiarioAR que “se va a seguir vacunando según los criterios vigentes”, que hasta ahora se centran en la edad. “Existen muchos pedidos de muchos sectores. Los escuchamos a todos, pero hasta que no tengamos un volumen suficiente de vacunas para ver esas demandas seguiremos aplicando según el plan  actual”, detallaron. 

Las organizaciones sociales se manifestaron la semana pasada en el centro porteño en reclamo de vacunas para los alrededor de 70.000 trabajadores que atienden los 11.000 comedores populares de todo el país. “¿Por qué no  estar en la lista de personas a vacunar, si ya nos reconocieron como trabajadoras esenciales, si las compañeras abren sus casas cuando está el riesgo de traerle el virus a sus familias?”, dijo a este medio Nilda Chamorro, coordinadora de los 40 comedores que la organización Barrios de Pie tiene en el partido de Almirante Brown.

En el sector de comercio, tanto el sindicato del sector como cámaras empresariales solicitaron al Gobierno que se considere a sus trabajadores para la inmunización. El pedido ya estaba en el aire desde el año pasado, dado que los supermercados siempre estuvieron abiertos, pero volvió a ponerse sobre la mesa con la llegada de la segunda ola y el arribo de las dosis de diversas partes del mundo. 

“Si bien entendemos el contexto de escasez global de este recurso, nos parece que por ser un sector no solo esencial sino estratégico, porque garantizamos el abastecimiento y sostenemos los acuerdos de precio del Gobierno, sería lógico que nuestros trabajadores tuvieran cierta preferencia a la hora de vacunar”, dijo Juan Vasco Martínez, de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Según sus cálculos, el sector suma 120.000 trabajadores, de los que alrededor de 100.000 trabajan en las tiendas, en contacto directo con el público.

Vasco Martínez señaló que les interesaría hacer una compra directa de dosis, pero que no lo ven como “posible”, dado que “hoy los únicos adquirientes son los Estados nacionales”. Por ese motivo, iniciaron la gestión vía el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El reclamo de los trabajadores esenciales no es exclusivo de la Argentina. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, es algo que discuten los gobiernos de todo el mundo y que se sumará a la mesa de coordinación local en tanto la provisión de vacunas lo permita. 

El gremio de los empleados judiciales también hizo un pedido a la Corte Suprema para que gestione ante el gobierno nacional la inclusión de jueces, funcionarios y personal judicial en el plan de vacunación o que la obra social del Poder Judicial compre vacunas. Tomó como ejemplo el caso de Chaco, donde el gobierno provincial integró a los judiciales en la lista de prioridad y el 4 de marzo pasado comenzó a vacunarlos.

Además, la Cámara Nacional Electoral solicitó inocular al personal que trabajará para las elecciones legislativas de este año. Incluso la jueza electoral María Servini de Cubría advirtió sobre la situación. “Si no los vacunan, no puedo preparar las elecciones. Porque si se contagiara uno, debo aislar a todos y el proceso no se puede realizar. No puedo exponerme a que se enferme el personal que está muy calificado en lo electoral”, dijo la jueza, que pasó un listado con nombres a la Cámara Electoral, al Ministerio de Salud y al de Interior. 

En el caso del Sindicato de Petróleo y Gas, que conduce Guillermo Pereyra, hay una negociación iniciada directamente con AstraZeneca para adquirir 50.000 dosis de la vacuna contra el Covid-19. Según informó el propio Pereyra en conferencia de prensa, se trata de un excedente de la vacunación que se realizó en Israel con las que podría inocular a buena parte de sus afiliados.

De acuerdo al gremio, cada par de dosis cuesta 50 euros y una posibilidad es asociarse con las cámaras empresarias del sector para financiarlas. A las firmas que explotan los yacimientos les interesa especialmente tener a sus empleados en actividad. De todas formas, estiman que la compra debería realizarse a través del Gobierno provincial ya que el laboratorio no se involucra en negociaciones con compradores privados.

En la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), sindicato que conducen Héctor Daer y Carlos West Ocampo, también se avanza en el tema. Si bien este medio no pudo comunicarse con las autoridades del gremio, una fuente de un laboratorio médico  bajo su convenio informó que les anunciaron que en los próximos 15 días avanzarán con la vacunación al personal, dado que en las últimas semanas el ausentismo se disparó por la cantidad de contagios. En este caso puntual, es probable que las dosis se pongan a disposición por parte del Estado por tratarse de personal del rubro de salud. 

Distinta es la situación de los colectiveros y transportistas. La semana pasada choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) bloquearon carriles de la avenida 9 de Julio para reclamar por un plan de vacunación para los trabajadores que están “en la primera línea de contacto con la población, brindando un servicio esencial”.

“Sin vacunas nos están enviando a la muerte”, señaló el sindicato —que también agrupa también a conductores de subtes, micros y combis— en un comunicado dirigido a las autoridades nacionales. Este reclamo también es compartido por el gremio de Camioneros y por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

Por otra parte, el jueves pasado el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para bloquear la amenaza del sindicato de Trabajadores de Cementerios, Cocherías y Crematorios (Soecra) que había comunicado un paro total de actividades en reclamo de vacunas. El secretario general del gremio, Salvador Valente, advirtió que el 20% de los trabajadores ya se infectaron con Covid-19 y que en algunas ciudades donde se hizo el pedido de inmunización, como Trelew y Puerto Madryn, se les otorgaron las dosis requeridas. 

También solicitaron que se los tenga en cuenta dentro del plan de vacunación las empresas del complejo agroexportador de cereales y oleaginosas, junto con los gremios de trabajadores en actividad en acopios, plantas y puertos. En una petición dirigida a los ministerios involucrados, reclamaron inmunización para los trabajadores de este sector en un momento donde se intensifica la cosecha gruesa. En un argumento circular, en el sector consideraron que las divisas que genera el sector permiten importar vacunas y equipos médicos, por lo que proteger a los trabajadores del rubro contribuirá incluso a que más personas se inmunicen.

DT